Introducción
El Derecho es un sistema normativo, por lo tanto, la clasificación de las normas jurídicas es una cuestión relevante a la hora de estudiar el ordenamiento jurídico de un país.
En general, se pueden distinguir tres grandes grupos de normas jurídicas: las normas constitucionales, las normas legales y las normas reglamentarias. Las primeras son aquellas que se encuentran en la Constitución de un país y rigen el funcionamiento del Estado y los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Las segundas son aquellas que emiten los órganos legislativos (Parlamento, Congreso, etc.) y regulan aspectos más concretos de la vida social y económica. Por último, las terceras son aquellas que dictan los órganos administrativos (ministerios, ayuntamientos, etc.) y tienen carácter técnico o complementario respecto a las leyes.
Aunque esta clasificación es útil a efectos prácticos, no es del todo precisa desde el punto de vista teórico. En efecto, existen otras categorías de normas jurídicas como las costumbres o los principios generales del derecho. Además, dentro de cada uno de los grandes grupos mencionados anteriormente hay subgrupos que conviene tener en cuenta.
En cualquier caso, conocer la clasificación básica de las normas jurídicas es esencial para comprender el funcionamiento del Derecho en un país determinado. A continuación se ofrece un breve repaso de las principales características de cada una de las grandes categorías de normas jurídicas.
Las normas constitucionales
Como se ha indicado, las normas constitucionales son aquellas que se encuentran recogidas en la Constitución de un país. En virtud de su carácter fundamental, las normas constitucionales gozan de una protección especial por parte del ordenamiento jurídico y solo pueden ser modificadas mediante procedimientos específicamente previstos en la propia Constitución.
En general, las Constituciones recogen los principios fundamentales del Estado y regulan el funcionamiento de los órganos del poder (legislativo, ejecutivo y judicial), así como los derechos y obligaciones de los ciudadanos. También suelen incluir disposiciones relativas a temas como la religión, el idioma o la forma de gobierno.
En cuanto al contenido, las normas constitucionales pueden ser básicamente de dos tipos: las declaraciones de derechos (que reconocen y protegen determinados derechos fundamentales) y las disposiciones programáticas (que establecen objetivos a largo plazo perseguidos por el Estado).
Las declaraciones de derechos suelen estar recogidas en un capítulo aparte de la Constitución y su función principal es proteger a los ciudadanos frente al poder del Estado. En cuanto a las disposiciones programáticas, suelen estar integradas en el texto constitucional junto con otras disposiciones más concretas y su finalidad es servir de guía para el legislador a la hora de dictar leyes posteriores.
Las normas legales
Las leyes son actos Normativos dictados por los órganos legislativos (Parlamento, Congreso, Asamblea Nacional, etc.) con el objetivo de regular aspectos más concretos de la vida social y económica. En virtud de su carácter general y abstracto, las leyes sirven como base para que posteriormente se dicten otras normas más concretas como los reglamentos o las sentencias judiciales.
En cuanto al contenido, las leyes suelen regular aspectos relacionados con la organización del Estado (por ejemplo, leyes electorales), la economía (por ejemplo, leyes tributarias) o el funcionamiento de los tribunales (por ejemplo, leyes procesales). No obstante lo anterior, cabe destacar que existen leyes que regulan materias muy diversas como la educación, el deporte o la sanidad. De hecho, prácticamente no hay área de la vida social o económica que no esté regulada por leyes.
En cuanto al procedimiento seguido para dictarlas, es necesario destacar que el proceso legislativo suele ser muy complejo y requiere la intervención de diferentes órganos del Estado. En general, se puede decir que el proceso legislativo consta de tres fases: la elaboración, la tramitación parlamentaria y la sanción por parte del jefe del Estado. En primer lugar, se elabora un proyecto de ley por parte del Gobierno o por iniciativa popular (mediante referendums o iniciativas legislativas). A continuación, dicho proyecto es sometido a debate en el Parlamento (u órgano equivalente) y puede ser modificado por los diputados antes de ser aprobado definitivamente. Finalmente, si el Parlamento aprueba el texto definitivo de la ley, ésta será sancionada por el jefe del Estado (Presidente o Rey) antes de entrar en vigor. No obstante lo anterior, caben algunas excepciones como las leyes orgánicas o aquellas que requieren referendums para su aprobación definitiva.
Una vez que entra en vigor una ley, ésta tendrá una vigencia indefinida salvo que sea derogada expresamente por otra ley posterior o modificada mediante reforma legal. En este último caso es necesario que el procedimiento seguido sea el mismo utilizado para dictarla originally; es decir, requiere nuevamente intervención del Gobierno y del Parlamento así como sanción por parte del jefe del Estado.
Respecto a su jerarquía dentro del ordenamiento jurídico conviene destacar que las leyes gozan de supremacía respecto a otros tipos normativos comunes comoe los reglamentosen virtud del principio democrático consagrado en muchas Constituciones modernashoy en día. No obstante lo anterior –y aunque formal
